Querella por prevaricación contra el juez y la fiscal que enviaron a la cárcel a los titiriteros

El partido Contrapoder alega ante el Tribunal Supremo que Elpidio Silva o Baltasar Garzón fueron condenados por decisiones menos graves

El auto de prisión del magistrado Ismael Moreno es digno del "museo de los errores y los horrores judiciales", dice el texto

Manifestación en Madrid en protesta por el encarcelamiento de los titiriteros de la compañía Títeres desde abajo

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y la fiscal Carmen Monfort son objeto de una querella por la decisión de encarcelar a los dos titiriteros detenidos el pasado viernes en Madrid. Ha sido presentada por el partido Contrapoder ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, dada la condición de aforados de ambos querellados, por un presunto delito de prevaricación.

La fiscal y el juez son, según el texto al que ha tenido acceso eldiario.es, responsables de “una resolución esperpéntica, un despropósito no salido de una aplicación defendible del ordenamiento jurídico”.

Los querellantes alegan que la Sala Segunda del Supremo confirmó la condena de 17 años y medio de inhabilitación a Elpidio Silva por enviar en dos ocasiones a prisión a Miguel Blesa, así como por otros delitos cometidos durante la instrucción, siendo en cualquier caso “un asunto de muchísima menos evidencia que el presente”.

El abogado que firma la querella, José Luis Mazón, considera también de menor gravedad que el encarcelamiento de los titiriteros la orden de Baltasar Garzón de grabar las conversaciones entre detenidos del caso Gürtel y sus clientes, lo que valió la condena del exjuez de la Audiencia Nacional. “Este partido pide un trato coherente con los precedentes respecto del querellado señor Moreno Chaparro y con su copartícipe necesario, el fiscal de las expresadas diligencias”, recoge el texto.

Contrapoder acusa a la fiscal y el juez de distorsionar la realidad para poder justificar la medida de la prisión. Ocurre, a su entender, con el lema de la pancarta de 20 centímetros que muestra uno de los guiñoles en la representación La bruja y don Cristóbal: a cada cerdo le llega su sanmartín. 

La pequeña pancarta deía Gora Alka-ETA y sirve a juez y fiscal para sostener la acusación de enaltecimiento del terrorismo. "El auto se aparta del argumento y desontextualiza la pancarta del montaje policial para que no se entiendan la partitura del hecho real suponemos, inviable este para justificar ninguna prisión", dice la querella.

Y añade: "La pancarta Gora Alka-ETA no es ningún acto de publicidad terrorista para que los niños vean con simpatía a estas dos organizaciones terroristas, nada más lejos de la realidad, es o aparecer como un mero instrumento de falsa incriminación que usa el policía corrupto contra la bruja para incriminarla".

En definitiva, añade Contrapoder, el auto del juez es "un despropósito digno de entallarse en piedra y pieza del venidero museo de los errores y horrores judiciales, que existen en y casi todos los días como los profesionales de la abogacía venimos comprobando".

El partido teme que este tipo de decisiones acaben provocando "un estado de rebelión o estallido social contra los abusos cometidos desde las instituciones que son puestas, como en este caso, al servicio del interés político o la ideología extremista del juez".

La querella fue presentada en la mañana del miércoles, por lo que, entre las medidas que solicitaba, estaba la inmediata libertad de los dos titiriteros, que se produjo poco después, al rectificar fiscal y juez su decisión del sábado. Contrapoder pide que se cite a declarar a Carmen Monfort e Ismael Moreno.

Raúl García y Alfonso Lázaro siguen acusados de un delito de enaltecimiento del terrorismo y otro contra las libertades públicas. En la tarde del miércoles quedaron en libertad tras reconducir su postura tanto la Fiscalía como el juez. Este último ha impuesto comparecencias diarias en el juzgado a ambos imputados.

http://www.eldiario.es/politica/Querella-prevaricacion-enviaron-carcel-titiriteros_0_482952807.html

Los jueces alertan sobre el abuso de las órdenes de prisión tras el caso titiriteros

Comunicado de la asociación progresista Jueces para la Democracia "ante un caso que afecta a los derechos fundamentales" como es el de los titiriteros

Raúl García Pérez (d), de 34 años, y Alfonso Lázaro de la Torre (c), de 29, los dos titiriteros encarcelados desde el pasado sábado acusados de ensalzar a ETA y Al Qaeda en un espectáculo de carnaval celebrado en Madrid, a su salida de la cárcel de Soto del Real (Madrid). / Fernando Alvarado (EFE)

La asociación progresista Jueces para la Democracia ha roto su costumbre de no comentar los casos judiciales abiertos y ha emitido un comunicado "ante un caso que afecta a los derechos fundamentales" como es el de los titiriteros. 

La asociación muestra su preocupación porque "se consolide en la judicatura una doctrina expansiva de la limitación de la libertad".

La asociación denuncia además " su inquietud por el carácter crecientemente indeterminado de los delitos vinculados a la justificación del terrorismo, que provoca inseguridad jurídica y posibilita todo tipo de interpretaciones que pueden ser lesivas para la libertad de expresión".

El comunicado explica que el caso es bastante excepcional y afecta de forma muy relevante a derechos fundamentales, a la libertad personal y a los principios de la prisión provisional y censura, "desde el respeto al juez y fiscal" , las decisiones adoptadas y el cambio de criterio.

No es enaltecimiento

El comunicado señala que "la mera exhibición de una pancarta por un títere, o por un actor de cine, en el transcurso de una representación puede o no ser enaltecimiento en función del contenido, finalidad y, en definitiva, del mensaje que se pretenda transmitir con esa obra. De lo contrario todas las películas, reportajes, documentales, obras de teatro, cine o televisión en que aparecieran pancartas de este tipo serían constitutivas de enaltecimiento, lo cual es con toda evidencia un absurdo".

En este caso, concluye la asociación " no se detecta que nos encontremos ante una actuación de justificación del terrorismo. Del mismo modo, tampoco se puede apreciar que estemos ante un caso de incitación al odio, al tratarse de una obra teatral que no promueve a la violencia, hostilidad o discriminación contra grupos o personas, ya que se limita a plantear un relato crítico de carácter simbólico contra determinadas instituciones".

Libertad de expresión

Jueces para la Democracia sostiene además que estas críticas están amparadas por la libertad de expresión, al margen de su reproche ético o estético. 

"La libertad de expresión es defendible no solo para ideas aceptadas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes o políticamente correctas, sino también para aquellas que molestan, chocan o inquietan".

Poco motivado

El auto de prisión redactado por el juez Ismael Moreno es a juicio de la asociación "discutible jurídicamente, pues no existe una motivación suficientemente clara sobre los requisitos y además es difícilmente comprensible que no tengan un arraigo que minimice el riesgo de fuga unas personas que son de nuestro país y que cuentan con familia y trabajo, y a las que únicamente se podría imponer hipotéticamente una pena de prisión que no sería de elevada entidad".

Fiscal llamativo

La asociación también analiza la actuación del ministerio público y les "resulta llamativo el cambio de criterio de la Fiscalía en tan corto espacio de tiempo, al pasar a considerar que las mismas personas ahora tienen arraigo y que no existe riesgo de fuga, en contraste con la posición radicalmente contraria sostenida muy poco antes".

"En todo caso, consideramos que las resoluciones han sido acordadas por el juez competente, de acuerdo con los criterios jurídicos que ha estimado aplicables, por lo que debe ser rechazada cualquier descalificación personal hacia su actuación, sin perjuicio de los argumentos jurídicos que se puedan aportar y de los recursos que puedan ser presentados", concluyen.

Los dos titiriteros fueron puestos en libertad este miércoles tras pasar cinco días en prisión. Tienen la obligación de firmar a diario en el juzgado y les han retirado los pasaportes.

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