El Gobierno de Carmena quiere llevar al banquillo al PP por los fondos buitre
El concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, asegura que el Ayuntamiento tiene previsto dar batalla en este frente y en el de las cláusulas suelo. Las miradas apuntan al edil popular Pablo Cavero, exconsejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid.
Segundo Sanz 
Nacional - 15.10.2015
El concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, avanzó este miércoles en un foro vecinal que el Ejecutivo de Manuela Carmena no sólo defenderá con uñas y dientes sus decisiones más polémicas, entre ellas su negativa a una reestructuración de la deuda o la paralización de la venta de viviendas a fondos de inversión, sino que también pasará al ataque contra el partido del anterior equipo de gobierno.
Las elecciones generales están a la vuelta de la esquina y los dirigentes de Ahora Madrid (Podemos, Ganemos, Equo y exmiembros de IU) no ahorrarán esfuerzos para estrechar el cerco sobre el PP y contribuir desde una plaza tan importante como el Consistorio capitalino a un "cambio de régimen" en el país.
Preguntado sobre la actuación que tendrá el Ayuntamiento de Madrid frente a los fondos buitre y las cláusulas suelo, Sánchez Mato afirmó que "las dos cosas se van a pelear hasta el último momento".
Respecto a este primer frente de batalla, el edil de Carmena señaló a los vecinos que "pronto tendréis noticias, porque no nos vamos a quedar de brazos cruzados cuando se dilapida el patrimonio de todas y todos.
Y desde luego algún responsable que lo haya hecho se va a sentar en el banquillo. Pero no sólo eso, queremos revertir la operación, porque hay una brecha y somos cabezotas", remarcó el concejal.
Con estas palabras de Sánchez Mato, las miradas han vuelto a ponerse en el actual edil popular Pablo Cavero, exconsejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid. Sobre su gestión pesa una demanda interpuesta por el PSOE y admitida a trámite en marzo de 2014.
El escrito le acusa de malversación de caudales públicos y prevaricación continuada en el caso de la venta de 2.935 pisos del Instituto regional de la Vivienda (IVIMA) al fondo de inversión estadounidense Goldman Sachs y la gestora inmobiliaria española Azora por 201 millones de euros. Un 20% más del precio de salida de la subasta (168,9 millones).
Participaron en la puja una decena de fondos de inversión.
El Consistorio descarta cancelar los préstamos contraídos "porque costaría 402 millones"
La Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA se personó como acusación particular y el juez imputó a la entonces gerente del IVIMA, Ana Gomendio, que prestó declaración y defendió la "transparencia" y "legalidad" del proceso, realizado en la etapa de Pablo Cavero como consejero de Vivienda del Gobierno de Ignacio González.
El PSOE denunció entonces "el escándalo que supone que el Gobierno regional del PP beneficia a empresas afines haciendo negocio con un bien básico como es la vivienda, a la que todos los ciudadanos deberían tener derecho".
Ahora, desde el Gobierno de Manuela Carmena quieren aprovechar este flanco para acorralar al PP y piensan emplear todas las armas de que disponen.
En cuanto a la firma de préstamos hipotecarios con cláusulas suelo -las conocidas como swaps- por parte de "los listos" (en referencia a los populares), dijo el cerebro económico de la 'Administración Carmena', "ha tenido que llegar el perroflauta para decir que eso nos está costando 60 millones de euros al año hasta 2025", precisó.
"Ahora llegamos los de barrio a resolver el problema, y lo resolveremos", aseguró el edil de Hacienda. No obstante, descartó que el Ayuntamiento vaya a cancelar los préstamos ya contraídos, puesto que, según expuso, los acreedores le reclamarían por ello 402 millones de euros.
Sánchez Mato protagonizó este miércoles su segunda gran aparición como concejal-presidente en el distrito madrileño de Vicálvaro, después de que en la primera terminara siendo identificado por la Policía Nacional al participar en un acto callejero cuyo permiso había sido denegado por la Delegación del Gobierno.
Esta vez, Sánchez Mato acudió al Centro Cultural de Valdebernardo como principal ponente de una charla organizada por asociaciones vecinales con el título Lo que hace el Ayuntamiento de Madrid y cómo nos lo cuentan, dentro del ciclo de coloquios Por una información de calidad. Cómo nos manipulan los medios.
El cartel anunciador también introducía dos cuestiones: "¿Abrir una nueva web (en alusión aVersión Original) puede ser un acto de censura? Las agencias de calificación privadas ¿De quién son independientes?"
Llama "cotilla del pueblo" a la agencia Standard & Poor's
Sobre la página creada por el Ayuntamiento para realizar desmentidos periodísticos, Sánchez Mato negó que haya caído en el olvido y afirmó que para ver su última actualización, de hace sólo cinco días, hay que entrar en la misma a través del blog municipal Diario Madrid.
Con más sorna se pronunció sobre el asunto de la agencias de medición de riesgos cuando todavía colea el anuncio del Consistorio de no renovar los contratos con Standard & Poor's y Fitch.
El Gobierno de Carmena tomó esta decisión tras conocer en septiembre el informe de S&P que reducía de "estable" a "negativa" su perspectiva sobre la deuda de la ciudad.
En referencia a estas agencias evaluadoras, Sánchez Mato manifestó al auditorio: "No necesitamos que venga la cotilla del pueblo, perdón que eso suena machista, mejor el cotillo o la cotilla, a opinar sobre la deuda de Madrid".
En el plano de los medios, la gran recomendación que hizo el edil de Hacienda a los asistentes fue que se interesen por conocer quiénes son los accionistas de cada soporte y escojan a aquellos que no respondan a "los intereses de las élites".
Todo esto en un acto donde algunos periodistas abandonaron la sala antes de que terminara el coloquio, entre abucheos de "vendidos" y "sinvergüenzas" por parte de los vecinos. Hasta Sánchez Mato se vio obligado a intervenir para pedir respeto a los reporteros.
PP y Ciudadanos votan en contra de recuperar la vivienda pública de los fondos buitre
Agencias.- La proposición no de ley de Ahora Madrid en la que se insta a la Comunidad de Madrid a que “reintegre en su parque de vivienda pública las 2.935 viviendas propiedad del Ivima enajenadas en octubre del 2013 y vendidas a los llamados ‘fondos buitre’” no salió adelante porque aunque contó con el apoyo del PSOE, los diputados del PP y de Ciudadanos votaron en contra.
El diputado de Podemos Marco Candela pidió la “anulación de las resoluciones del Ivima por las que se acordó la enajenación de 2.935 viviendas públicas propiedad del Ivima, mediante procedimiento de revisión de oficio de los contratos por los cuales se sustanció y el rescate del servicio público concedido a raíz de la enajenación, volviendo dicho servicio a ser íntegramente gestionado por la Comunidad de Madrid como corresponde a un servicio de interés general como es la vivienda social”.
Agregó que estos ‘fondos buitre’ se “deshicieron de los inquilinos para especular” con esos pisos y dijo que el Gobierno se tiene que responsabilizar de la privatización de estas viviendas públicas.
Asimismo, denunció el incumplimiento de Ciudadanos, que había acordado con ellos y con los socialistas apoyar esta iniciativa y al final se echó atrás.
El diputado socialista Vicente Biondi acusó al PP de “crear dolor a las familias afectadas por el negocio con las viviendas públicas”, dijo que es un “ejercicio de decencia política recuperar” esos pisos y pidió a PP y Ciudadanos que “piensen en las personas y su sufrimiento y rectifiquen este error”.
Igualmente, arremetió contra Ciudadanos por cambiar su intención de voto y pidió a esta formación que “pare esta provocación y no olvide que primero son las personas y luego los negocios que hicieron con ‘fondos buitre’ a los que regalaron pisos públicos a precios irrisorios”.
El diputado del PP José Cabrera señaló que antes de tener en cuenta una propuesta hay que ver si se puede realizar y destacó que “no procede porque la ley no permite hacerlo”.
Afirmó que este tipo de enajenaciones no se volverán a repetir, destacó que “no se puede retrotraer una cosa hecha” y aseguró que la Comunidad de Madrid “garantizará el derecho” de estos inquilinos.
El diputado de Ciudadanos Juan Rubio, que se mostró crítico con la enajenación “del 15% de las viviendas públicas a un precio de 68.000 euros que no existe en el mercado libre”, explicó que su grupo “no apoyará nada que no cuente con el respaldo de la leyes”. Agregó que Ciudadanos ha acordado con el PP que este tipo de ventas no se vuelvan a producir.
Origen: Yo me tiro al monte
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