El acuerdo transatlántico de libre comercio entre la UE y EEUU, ¿para qué y para quién?. CARTA ABIERTA DE ATTAC ESPAÑA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, MARIANO RAJOY
Verónica Gómez Calvo. Miembro de la Comisión de Servicios Públicos de ATTAC.
El 13 de Febrero el Presidente de los EEUU, Barak Obama, el Presidente del Consejo EuropeoHerman Van Rompuy y el Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, se comprometieron a impulsar un Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversión entre EEUU y la UE a través negociaciones y durante un plazo de dos años, creando de esta manera un espacio de libre comercio a ambos lados del Atlántico.
Aparentemente, un acuerdo de libre mercado entre EEUU y la UElograría un gigantesco mercado interno que podría representar en torno a la mitad del PIB mundial y un tercio del comercio global.
Nuestra preocupación estriba en el coste que hemos de pagar para alcanzar semejante mercado y quiénes serían los auténticos beneficiarios del mismo.
Las negociaciones entre EEUU y la UE tienen como objetivo eliminar aranceles, abrir a la inversión los respectivos mercados de los servicios y la contratación pública, así como homogeneizar los estándares y requisitos indispensables para hacer posible la comercialización de bienes y servicios.
Esto significa que EEUU y la Unión Europea deben “armonizar” sus complejas normas jurídicas, ecológicas, culturales y sanitarias, con el objetivo de profundizar en la liberalización.
El único ajuste posible es entonces, hacia abajo, degradándolas para ajustar cada una de ellas a la menos exigente, ya que de otra manera, no puede haber una mayor liberalización, y recordemos que las normas de EEUU y la UE difieren prácticamente en todo.
¿Significa esto que los Europeos debemos rebajar nuestros estándares y aceptar los productos estadounidenses genéticamente modificados que en la actualidad rechazamos?
¿Significa que los trabajadores estadounidenses tendrán que aceptar una mayor degradación laboral y de las normas medioambientales tal y como hacen gala las corporaciones de la UE, incluso si violan las mismas leyes de los EEUU?
Pensar sólo en términos del PIB que este mercado podría generar, es una idea muy complaciente pero la realidad es que no beneficia a todos por igual.
La “armonización” de las normas y estándares de EEUU y la UE daría cabida a productos y servicios más degradados, mientras que para los trabajadores y las PYMES sólo significaría un exacerbamiento de la ya brutal competencia, con pérdidas salariales, de derechos laborales o de cuota de mercado para abrir el camino a las grandes ganadoras de los mercados “abiertos”: las corporaciones.
En ATTAC creemos que este acuerdo, fuertemente influido por los lobbies y negociado a puerta cerrada y de espaldas a la ciudadanía, puede tener un impacto dramático en la vida de muchas personas y traerá una mayor destrucción del tejido productivo y del empleo;
a la vez que limitará el espacio político que las autoridades gubernamentales tienen para defender legítimamente los derechos económicos, sociales y medioambientales de su ciudadanía.
Las preguntas que debemos hacernos son:
¿Es propio de países “democráticos” llevar a cabo negociaciones que afectan directamente a la vida de sus ciudadanos a espaldas de los mismos?
¿Es válido cualquier tipo de “crecimiento económico”?,
¿aun cuando se haga a costa de los derechos e intereses públicos?
¿El sistema económico debe servir a la sociedad o es la sociedad la que está al servicio del sistema económico?
¿No debería basarse cualquier tipo de acuerdo económico en el interés general, la defensa del bien común y el respeto de la naturaleza?, y si no es así, ¿por qué lo permitimos?.
CARTA ABIERTA DE ATTAC ESPAÑA
AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, MARIANO RAJOY.
Sr. D. Mariano Rajoy Brey.
Presidente del gobierno.
Señor Presidente:
Me dirijo a usted en nombre de la asociación ATTAC España, que como ya sabrá, se ocupa de analizar el contexto socio-económico internacional y nacional, y combatir desde el razonamiento y los datos, los planteamientos económicos perjudiciales para la ciudadanía.
El motivo de nuestra carta es el Acuerdo Internacional de Servicios(ISA en inglés) que se está negociando a nivel mundial.
Este acuerdo pretende liberalizar todavía más el comercio y la inversión en servicios, e incluye una amplia gama de actividades: transporte, telecomunicaciones, construcción, marketing, ingeniería, provisión de energía, distribución del agua, sector bancario y de seguros, conservación de la naturaleza, ocio, educación, salud, y muchos más.
Además, el ISA pretende expandir “disciplinas regulatorias” en todos los sectores de servicios que darían a los proveedores extranjeros acceso en las mismas condiciones que los proveedores domésticos, y restringiría la capacidad de los gobiernos y parlamentos para regular los servicios, lo que cambiaría fundamentalmente la regulación de muchos servicios públicos, privados, privatizados o comerciales, pasando de servir al interés público a servir en el mejor interés de las corporaciones privadas extranjeras.
ATTAC se opone a este acuerdo porque consideramos que una fuerte regulación de los servicios públicos y privados es necesaria para garantizar la democracia, el desarrollo y el interés público.
La Democracia se erosiona cuando las decisiones sobre sectores importantes es transferida desde los ciudadanos y las administraciones a unos negociadores sin responsabilidad, que tienen como objetivo desregular y priorizar los beneficios de las corporaciones.
El Desarrollo está en peligro cuando los servicios fundamentales, como la salud, el agua, la provisión de energía, la educación, etc., son dejados en manos de corporaciones extranjeras que sólo se preocupan de incrementar sus beneficios, y no así, de proveer con los mejores servicios a los ciudadanos.
El ISA no se asegurará de que las inversiones extranjeras en servicios se hagan de una manera que beneficie al interés público; en su lugar, dará más derechos a las corporaciones extranjeras para hacer negocio.
Este acuerdo, incluso contempla la posibilidad de introducir una clausula que permita a las corporaciones extranjeras llevar a los gobiernos a juicio cuando estos se interpongan a sus intereses, reclamando indemnizaciones millonarias que tendrían que ser pagadas, consecuentemente, por los mismos ciudadanos.
Por todo ello, demandamos en nombre del interés público, que el gobierno informe sobre su participación en las negociaciones delAcuerdo ISA, y se abra un debate público sobre este acuerdo que incluya a los ciudadanos, a las agencias de regulación, proveedores de servicios públicos, usuarios, parlamentarios y otras organizaciones civiles que se centran en asegurar la accesibilidad y la alta calidad de los servicios públicos.
Esperamos que nuestras peticiones para salvaguardar los intereses de los ciudadanos sean escuchadas y tenidas en cuenta, el Bien Comúndebe prevalecer sobre los intereses privados en cualquier nación que se llame a sí misma “civilizada”.
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