“Si (mi hijo) fuera tonto, o disminuido físico o psíquico, con perdón para éstos, y no hubiera en donde enchufarlo… pero tiene su carrera y su destino final
(presidente de la Diputación)”
“Ya todo el mundo sabe que soy un cacique, pero a mí me siguen votando y a ellos no”
“A mí no me echan unas elecciones. Me voy cuando yo quiero”
José Luís Baltar, ex – presidente de la Diputación de Ourense
A raíz del último escándalo acecido con las diputaciones – la imputación del ex – presidente de la diputación de Ourense, José Luís Baltar – debemos retomar el tema del que ya hablamos en el último artículo de los supuestamente necesarios recortes de gasto público que se están llevando a cabo.
Primero, debemos tener claro ante la propaganda que nos bombardea incesantemente, que estos recortes no son necesarios, que son asimétricos y contraproducentes.
Son, totalmente, injustos porque se producen solo en un sentido,
no atacan los verdaderos problemas del despilfarro, la malversación de fondos públicos, los privilegios de un reducido grupo
y están estratégicamente diseñados mediante una política mediática de manipulación y ocultación de la realidad para desviar la atención de las verdaderas causas de la crisis.
Desde que salió a la superficie el movimiento de indignación y desafección con el sistema – conocido como el 15-M – que se encontraba latente en gran parte de la sociedad, ya no es que no hayamos tenido ningún indicio ni el menor atisbo de una mayor democracia directa y participativa
o, una modesta regeneración democrática, sino que la imperfecta democracia representativa actual – dado el total desprestigio de sus partidos políticos – está siendo cada día más mutilada con el objetivo de apartar del espacio público a los ciudadanos y privatizar la participación política.
Caso de Cospedal en su señorío manchego, que pretende – tras un gesto teatral – que solo se dediquen a la política las “personas de bien y con posibles” como en épocas pasadas de infausto recuerdo.
Un nuevo golpe a unos ciudadanos que ya están sobradamente expulsados de la política ante el desencanto que les producen las actuaciones de sus representantes electos.
Aprovechando el descrédito del actual sistema democrático y adelantándose a potenciales descalabros electorales sus actuales dirigentes
– utilizando un hipócrita populismo e ilimitadas argucias –
están cercenando los mecanismos de representación popular mediante una burda propaganda, que tergiversa los hechos, que pretende afianzar aun más un régimen caciquil de democracia censitaria.
Las demagógicas medidas impulsadas por el PP pretenden apropiarse del actual clima de indignación
– como si ellos no fueran responsables del descrédito de las instituciones –
en provecho propio para ocultar las verdaderas intenciones de unas reformas que desvirtúan y coartan la representación popular en favor de la perpetuación en el poder de la actual oligarquía.
Los cambios acaecidos
– una huida hacia adelante para tapar las grietas del sistema –
comenzaron hace año y medio cuando los dos grandes partidos, PP y PSOE, impulsaron cambios en la Ley Electoral que, prácticamente, imposibilitaban la concurrencia electoral de los pequeños partidos
La continuación fue la negativa a la reforma de la Ley Electoral para que ésta fuera más representativa y proporcional.
No sólo eso, sino que han conseguido que sea aún más complicado conseguir representación electoral.
Lo siguiente fue el ataque a la función pública y los servicios públicos que han sido condenados como responsables de la crisis y criminalizados.
Lo último la reforma de los entes locales que reducen en un 31% el número de concejales electos y reducen el número de ayuntamientos.
Todas ellas son medidas que consolidan el bipartidismo, la desigualdad social y territorial y, dificulta cualquier tipo de regeneración moral y democrática de un sistema que, actualmente, está corroído por la corrupción y el mayor descaro.
Las preguntas son claras ¿por qué atacar a los ayuntamientos? ¿Por qué a los funcionarios? ¿Por qué arrasar los servicios públicos?
¿Por qué no, puestos a acabar con las duplicidades, suprimimos las diputaciones provinciales que cuestan 22.000 millones?
Las respuestas son, igualmente, evidentes, pero se niegan a los ciudadanos.
Los objetivos son ocultados: la expulsión de los ciudadanos de la vida pública; que no puedan ejercer ningún tipo de control de los cargos elegidos por una minoría; y, la privatización del patrimonio público a manos de la misma reducida oligarquía que controla los resortes del poder.
Además, el impulso de órganos no elegibles como las diputaciones facilita que se pueda hacer un uso discrecional de los prepuestos públicos, la colocación a dedo de todo tipo de personas, sin ningún tipo de prueba como la que es obligatoria para muchos empleados públicos que están siendo despedidos.
Uno de los ejemplos más claros del tipo de reformas que se están impulsando es José Luís Baltar, imputado por un delito de prevaricación continuada en la contratación que convirtió la diputación en la segunda empresa con más empleados de Ourense y dejó a su hijo como heredero de la misma.
Con estas reformas en la Administración se pretenden ahorrar 6.315 millones.
De ellos 3.500 millones en los entes locales.
Pero, en realidad lo que se hace es afianzar los mecanismos y las conductas que posibilitan la malversación de fondos públicos.
Ni cambian las personas ni sus formas de actuar.
Es un gesto de cara a la galería con perversas intenciones.
La corrupción urbanística en los ayuntamientos fue fomentada por la Ley del Suelo de José María Aznar y sus gobiernos, en total, connivencia con el PSOE. Fue impulsada desde el gobierno central y nunca se pusieron límites.
Todo lo contrario porque favorecía los pelotazos urbanísticos de grandes terratenientes, poderes financieros y empresariales y, poseedores de suelo.
Ejemplos tenemos muchos. Uno de los muchos fue colocar la estación del AVE de Guadalajara a una decena de kilómetros de esta ciudad para favorecer a la familia de Esperanza Aguirre.
Ella y su familia han dado diversos pelotazos urbanísticos por la geografía nacional por valor de decenas de millones de euros.
Nadie se para a pensar en las consecuencias de este aparente futuro ahorro.
Ese ahorro no calcula los variados costes sociales de dejar abandonados y sin servicios a los habitantes de esos municipios. El empobrecimiento de los trabajadores públicos que acentúa más la depresión.
El desmantelamiento de los servicios públicos que supondrán una enorme merma en la calidad de vida de los españoles.
Además, de una sustancial subida de precios que empobrecerá aun más a los trabajadores y una brutal perdida de riqueza y patrimonio común.
Pero, es que, quien está haciendo todas estas “reformas”, es quien ha permitido e impulsado todas esas tropelías!
y, como hemos dicho, no desde los entes locales sino desde el gobierno central y el sistema financiero.
Los ambiciosos sin escrúpulos que se han corrompido acabarán colocados de asesores, conductores, secretarios, “emprendedores” o algún otro cargo.
Debemos tomar perspectiva y analizar los datos en conjunto, no dejándonos llevar por ejemplos aislados que fomentan una visión sensacionalista e interesada de la realidad.
En España, existen unos 8.116 ayuntamientos que acercan la administración y los servicios públicos a los ciudadanos.
Estos ayuntamientos solo son responsables del 3,5% de la deuda pública española. Solo uno de ellos – Madrid – es responsable del 22,5% del total de esta deuda gracias a los sueños megalómanos – con una alta dosis de corrupción constructora – del actual ministro de justicia Alberto Ruíz Gallardón.
El segundo responsable, a una gran distancia, es el de Barcelona con el 3,9% de la deuda total. Solo 10 ayuntamientos aglutinan el 40% de la deuda.
Dados estos datos objetivos arrasamos con el resto de los ayuntamientos.
Pero, es que, ahora, Madrid con una deuda que dobla – más de 6.300 millones sin sumar los intereses a perpetuidad – el supuesto ahorro que se pretende realizar en la reforma de los entes locales, quiere gastarse otros 1.670 millones – que luego, evidentemente, se multiplicaran vía dádivas – en los JJ.OO de 2020.
El ahorro no está en la supresión de los ayuntamientos – y menos entrando a golpe de motosierra – sino en mejorar la gestión y acabar con la corrupción.
Suprimiendo ayuntamientos no se atajan los problemas porquese seguirá manejando el patrimonio común como si fuera el cortijo de unos cuantos terratenientes, banqueros, caciques, empresarios, advenedizos, nobles, religiosos, etc. que se encuentran en total connivencia.
Lo fundamental es que ningún político tenga más privilegios que un ciudadano cualquiera, es decir, ninguno; que sea obligatorio que tengan que usar todos los servicios públicos que deben gestionar de forma honrada, honesta, eficiente y eficaz.
Necesitamos servidores públicos, no como hasta ahora, empleados al servicio de la élite económica a la que pertenecen o aspiran a pertenecer, del medro, que están permanente prevaricando contra el interés general.
Sabemos que todo esto es, ahora mismo, una utopía, pero es una de las utopías por las que debemos luchar y para eso nos tenemos que implicar en los asuntos que nos conciernen a todos.
Las actuales reformas son el golpe definitivo a la democracia española.
Ante la desafección ciudadana y el desprestigio de unos partidos mayoritarios en caída libre, el gobierno del PP quiere reducir concejales y diputados autonómicos electos por los ciudadanos y dar un poder mayor a las Diputaciones provinciales.
En donde no existe ningún tipo de control, siendo dirigidas de forma arbitraria y discrecional.
Un lugar donde se pueden “enchufar” a todos los familiares, compañeros, amigos, etc., y pagar todo tipo de favores a cambio de lealtades y monedas.
Con las actuales reformas se recortan los servicios públicos – se han hecho recortes de miles de millones en sanidad, educación, ciencia y tecnología, pensiones, salarios, etc. – y se acrecientan los focos de corrupción antidemocrática, al mismo tiempo, que gastamos miles de millones en rescatar a un sistema financiero que pertenece y está al servicio de la actual oligarquía dirigente.
Se recorta en democracia y control popular: concejales y diputados regionales.
Y, se perpetúa una institución semifeudal de control social y corruptelas caciquiles como son las diputaciones provinciales.
Como hemos dicho, anteriormente, uno de los principales exponentes de la política populista y demagógica que pretende socavar el control de los ciudadanos y la participación política – una vez, retirada de la primera línea de juego Esperanza Aguirre – es María Dolores de Cospedal que, en lugar de comenzar los recortes por ella misma renunciando a tres de los cuatro sueldos públicos que percibe – ya de por si suculentos – ha preferido despedir a 10.000 empleados, convertir el parlamento manchego en una S.A sólo accesible a la élite económica – esa misma liderada por su marido que va de consejo en consejo a la que pretenden regalar la sanidad pública – y subir el sueldo a sus asesores, por supuesto, nombrados a dedo.
Es el fácil e hipócrita recurso al chivo expiatorio, mientras, los gastos discrecionales, la opacidad y los favores a los incondicionales no paran de crecer.
Pues este es el Estado que quiere el gobierno.
Un Estado oligárquico sin caretas.
Ya no se guardan ni las mínimas formas.
Un Estado donde los órganos no electos tengan preponderancia.
Unos lugares – las diputaciones – donde sus presidentes puedan dirigir conforme a sus deseos y caprichos más provechosos.
Todos estos señores son algunos de los muchos que se encontraban en los consejos de las cajas dando créditos a voluntad.
Ninguno ha entrado en la cárcel, pocos han dimitido, todos siguen teniendo un alto nivel de vida.
No quieren que muchos trabajadores tengan un salario ni mucho menos que éste sea digno.
Pero, ellos pueden tener 12 o 13 cargos con sus respectivos sueldos.
Estos son algunos ejemplos, no son los únicos, pero, sí son los más desvergonzados, por ahora:
- Isabel Carrasco, presidenta de la diputación de León, 12 cargos con sus dietas y salarios. No hace mucho dijo, en apoyo a los recortes de Marinos Rajoy: “No puede ser que sea gratis todito”.
- Agustín González, presidente de la diputación de Ávila, un trabajador afanoso con 13 cargos generosamente remunerados. Aprobó las cuentas de Bankia, pero, según dijo, no tenía conocimientos financieros porque era “maestro de primaria” y veía la situación de la entidad con “absoluta normalidad”.
- Atilano Soto, ex presidente de la diputación de Segovia, que compatibilizó con su actual cargo de presidente de Caja Segovia. Según dice aprobó las cuentas de Bankia “en un ejercicio de generosidad”.
- El inefable Carlos Fabra, envuelto en toda clase de casos de corrupción y que ha heredado la diputación de Castellón como hicieron, anteriormente, 5 antepasados suyos. También, padre de la innombrable diputada que gritó en el congreso – refiriéndose a esos “parásitos sociales” que son los parados - ¡Qué se jodan! Por cierto, no ha dimitido y, posiblemente, espera heredar el cargo de su padre.
- José Joaquín Ripoll, ex presidente de la diputación de Alicante, que tuvo que dimitir por estar envuelto en un caso de corrupción, mientras, las familias populares divididas entre Campistas y Zaplanistas se disputaban a navajazos este señorío feudal.
Este es el más crudo regreso de la España caciquil.
En cierto modo nunca se fue.
En España, al Antiguo Régimen nunca fue derrotado.
Los liberales perdieron en el S.XIX.
Los que quedaron aceptaron un régimen corrupto de turno de partidos.
En la Guerra Civil, el republicanismo y el liberalismo fueron arrasados junto con los masones, el socialismo, el movimiento libertario, el comunismo, la democracia, los derechos sociales y laborales, la libertad religiosa, la igualdad, la reforma agraria, los derechos de las mujeres, etc.
Los movimientos nacidos de la Ilustración fueron aniquilados en nuestro país.
España quedó abocada a un régimen oligárquico fundado en las esencias imaginarias de un fanático engendro llamado así mismo NacionalCatolicismo – a imagen de su admirado NacionalSocialismo alemán – que perpetuaba el semifeudalismo que había caracterizado la evolución del Antiguo Régimen en España.
Este régimen semifeudal puede, fácilmente, rastrearse en la estructura de la propiedad de la tierra donde hay zonas en las cuales el 50% de ella está en manos del 2% de los propietarios.
La total opacidad que rodea a la verdadera estructura de la propiedad y la endogamia en la que se mueven las familias propietarias.
La fortuna del Rey que asciende a casi 2.000 millones que no se sabe de donde provienen, cuando ésta era casi inexistente a la muerte de Franco.
La fortuna de la familia Botín, valorada en 2.000 millones, encontrándose gran parte en Suiza desde finales de la Guerra Civil.
Muchas de las grandes fortunas actuales se hicieron durante la guerra y la dictadura.
Y, en la democracia han seguido recibiendo subvenciones, empresas públicas, propiedades, además de, estar exentos del pago de impuestos.
Los privilegios de la Iglesia, exenta del pago de impuestos, con cientos de miles de propiedades y que recibe anualmente 11.000 millones del Estado.
En resumen, un país, España, donde el 0,0035% de la población posee unas fortunas semejantes al 80,5% del PIB.
En esto consiste la contrarreforma que está llevando a cabo el gobierno, que ataca las libertades individuales y sociales. Obstaculiza el acceso a la justicia de los ciudadanos, al tiempo, que impulsa la represión policial y política.
Recorta los derechos laborales de los trabajadores al tiempo que pretende cercenar el derecho a la huelga.
Impone una educación que proyecta primar la enseñanza concertada que, en realidad, es enseñanza católica – en Madrid, el 88% de los colegios concertados son católicos – que nos retrotrae a los años dorados de la educación más reaccionaria, acientífica y antinatural.
¿Cómo se puede hablar de regeneración democrática y moral en un país donde sus más insignes académicos hablan de un asesino como Millán Astray de “incansable intelectual” o hacen carantoñas a un genocida como Franco?
lavozdebida.wordpress.com
AQUÍ TENEMOS UN EJEMPLO de lo DICHO
AQUÍ TENEMOS UN EJEMPLO de lo DICHO
«En la Diputación de Ourense entramos todos igual, enchufados»
por Miguel Ascón |
La frase es de Francisco Javier Arias, trabajador de la Diputación ourensana desde 1998.
Ayer acudió al juzgado a reclamar a la institución que le pague el salario de octubre.
Llevaba quince años trabajando como encuestador, con contratos temporales, y el pasado mes de julio se le acabó el último…
Al descubrir que no iba a ser renovado, denunció, le dieron la razón y fue readmitido.
Volvió a trabajar el 7 de noviembre, pero no cobró el sueldo atrasado de octubre -tal y como ordenaba la sentencia- y, para colmo, el 5 de diciembre se enteró de que entrará en el ERE propuesto por José Manuel Baltar.
Si el expediente sale según lo previsto, en febrero volverá a estar en el paro junto a otros 31 trabajadores.
Con 58 años y pocas esperanzas de empleo, explica cómo funcionaba la política de contratación de Baltar.
Y es que Francisco Javier Arias es yerno del exalcalde de A Veiga Vicente García, del PP. «Mi suegro fue a hablar con él y así empecé», admite.
Dice ignorar si ese sistema es delictivo o no -«eso lo tendrá que decidir el juez», afirma-, pero tiene claro cuál era el criterio de selección:
«En la Diputación de Ourense entramos todos igual, enchufados».
Con Baltar padre retirado y su suegro fallecido, a Arias no le quedaban cartas que jugar, pero no es el único en esa situación.
Desde que Baltar hijo asumió la presidencia, la plantilla laboral temporal cayó de 147 a 40 personas, y la de interinos, de 35 a 5.
Esos recortes ya están teniendo consecuencias jurídicas.
Antes de terminar el mes, la institución se enfrentará a tres juicios más por despido improcedente.
La oposición dice que Baltar está sustituyendo a los despedidos.
Se refieren a la reciente contratación de una veintena de personas vinculadas al PP -cinco concejales en activo- para servicios sociales y cooperación municipal.
Ese será uno de los asuntos que hoy le echarán en cara a Baltar hijo con motivo del pleno extraordinario que debatirá crear una comisión de investigación sobre las contrataciones de la Diputación durante los últimos veinte años.
http://www.luzdelevante.com/?p=43848
Entrevista de RT con Esther Vivas y Josep Maria Antentas
ABIERTA LA VEDA CONTRA LOS AYUNTAMIENTOS...
Si alguien pensaba que los recortes a los derechos sociales y cívicos estaban ya agotados, se equivoca: quedaban los Ayuntamientos.
Las diputaciones gastan en sueldos hasta el 40% de su presupuesto total
- Hay presidentes que llegan a tener ingresos de más de 120.000 euros anuales
- Barcelona es el caso más escándaloso: 212 millones de euros para pagar a sus empleados
Felipe González: "Las diputaciones sobran"
Dentro de la compleja organización territorial de España, uno de los elementos más complejos y difíciles de comprender es el de las diputaciones provinciales.
Estos órganos, creados hace casi doscientos años, tuvieron sentido en su momento, pero ahora, convertidas en nidos de escándalos, muy pocos son capaces de justificar su existencia.
En total hay 41 diputaciones provinciales en España -más tres diputaciones forales, siete cabildos y cuatro consejos insulares-, que en 2011 manejaron un presupuesto global de 5.963 millones de euros.
Entre el 32 y el 40% de esa cantidad fue destinado a pagos de personal,según datos de Funciva, lo que representa un importante lastre para la Hacienda Pública.
Un ejemplo claro de los desmanes de este nivel administrativo lo encontramos en la Diputación de Barcelona.
Ajena a la crisis que vive el conjunto del Estado, apenas ha tomado medidas de austeridad durante los últimos cursos. El organismo manejó un presupuesto de 588,7 millones de euros en 2012, de los cuales destinó 212,85 al pago del personal, lo que equivale al 36,2%.
Su presidente, Salvador Esteve (CiU) gana 128.521 euros al año, uno de los sueldos públicos más elevados, y en total, está integrada por 51 diputados, 46 asesores elegidos a dedo -cuyo coste es de 2,5 millones- y más de 4.000 funcionarios.
El exceso de personal no es el único defecto de estos organismos, que pecan de falta de transparencia y de solaparse con el resto de Administraciones.
La opacidad de las diputaciones se ve a la hora de estudiar sus presupuestos, donde la transparencia es muy desigual, llegando en algunos casos incluso a no tener publicadas sus cuentas.
La financiación tampoco está clara, aunque se sabe que la mitad la aporta el Estado, un 5% las comunidades autónomas, y el resto sale de parte de los impuestos.
Solapamiento de actividades
El solapamiento entre las distintas Administraciones es más que evidente, especialmente por el avance imparable de las atribuciones de las comunidades autónomas desde su creación.
El auge de las ciudades también ha provocado que ayuntamientos y diputaciones abarquen las mismas funciones en muchos casos.
La consecuencia de esta redundancia de ámbitos de actuación es que se ha añadido complejidad, confusión e ineficiencia, convirtiéndose en el nivel administrativo más alejado de la ciudadanía, que ni entiende a la organización ni su utilidad, a pesar de la publicidad de cada actuación que llevan a cabo; ni al sistema de elección del presidente, por sufragio indirecto.
Ante estas evidencias, ¿por qué se esfuerzan tanto los grandes partidos en mantenerlas?
“Los bancos para salvarse nos sacrifican a todos”
Entrevista de RT con Esther Vivas y Josep Maria Antentas
En Entrevista con RT, Esther Vivas y Josep Maria Antentas, autores del libro Planeta Indignado, reflexionan sobre la crisis económica mundial y el futuro al que podría llevar el movimiento 15-M.
Además, indican qué hay que hacer para cambiar las políticas actuales que, según ellos, están totalmente subordinadas al mundo de las finanzas.
Además, indican qué hay que hacer para cambiar las políticas actuales que, según ellos, están totalmente subordinadas al mundo de las finanzas.
ABIERTA LA VEDA CONTRA LOS AYUNTAMIENTOS...
Si alguien pensaba que los recortes a los derechos sociales y cívicos estaban ya agotados, se equivoca: quedaban los Ayuntamientos.
La administración más cercana al ciudadano, la más controlable, la más evidente, acaba de sufrir ya la primera intentona del bisturí neoliberal...
Porque, no nos engañemos, el sistema imperante quiere una "democracia" alicorta, alejada de los ciudadanos...
Si me apuran, en realidad querrían una "democracia" en la que la gente ni votaran, o, más disimuladamente, una democracia en la que los órganos representativos elegidos fuesen meras comparsas de otros "poderes fácticos" -UE, Troika, banca...- no votados por nadie en elección alguna...
Por eso los Ayuntamientos estaban condenados a la hoguera.
Por muchos errores que hayan tenido, el más grave de todos ha sido estar sencillamente a la intemperie y con pocos recursos, más cerca de la ciudadanía que ninguna otra administración, asumiendo conflictos y problemas incluso aunque no fueran de su competencia...
Todo el mundo sabe quién es el alcalde o alcaldesa de su pueblo, muy pocos saben los nombres de los parlamentarios o diputados de su provincia...
No podían permitir que una crisis política de la envergadura que padecemos tomara un rumbo de salida hacia la democracia más directa y cercana... potenciando precisamente el municipalismo y la participación comunitaria...
Claro está que la coartada que permitirá un apoyo de la "opinión pública" estará centrada en la publicidad sobre los recortes a sueldos de los concejales y alcaldes, tan escandalosos en algunos casos, aunque minoritarios en número....
Pero esta propaganda del recorte a los sueldos de los 86.462 ediles es en realidad sólo el 2% de lo que supondrá este recorte (142 millones de los 7.129 en los próximos tres años) ...
El recorte más importante, de los 7.100 millones que pretenden ahorrar, vendrá en dos "bloques" relacionados: La llamada "clarificación de competencias" y la "duplicidad de servicios"...
Porque, no nos engañemos, el sistema imperante quiere una "democracia" alicorta, alejada de los ciudadanos...
Si me apuran, en realidad querrían una "democracia" en la que la gente ni votaran, o, más disimuladamente, una democracia en la que los órganos representativos elegidos fuesen meras comparsas de otros "poderes fácticos" -UE, Troika, banca...- no votados por nadie en elección alguna...
Por eso los Ayuntamientos estaban condenados a la hoguera.
Por muchos errores que hayan tenido, el más grave de todos ha sido estar sencillamente a la intemperie y con pocos recursos, más cerca de la ciudadanía que ninguna otra administración, asumiendo conflictos y problemas incluso aunque no fueran de su competencia...
Todo el mundo sabe quién es el alcalde o alcaldesa de su pueblo, muy pocos saben los nombres de los parlamentarios o diputados de su provincia...
No podían permitir que una crisis política de la envergadura que padecemos tomara un rumbo de salida hacia la democracia más directa y cercana... potenciando precisamente el municipalismo y la participación comunitaria...
Claro está que la coartada que permitirá un apoyo de la "opinión pública" estará centrada en la publicidad sobre los recortes a sueldos de los concejales y alcaldes, tan escandalosos en algunos casos, aunque minoritarios en número....
Pero esta propaganda del recorte a los sueldos de los 86.462 ediles es en realidad sólo el 2% de lo que supondrá este recorte (142 millones de los 7.129 en los próximos tres años) ...
El recorte más importante, de los 7.100 millones que pretenden ahorrar, vendrá en dos "bloques" relacionados: La llamada "clarificación de competencias" y la "duplicidad de servicios"...
Un auténtico cinismo demagógico:
Si al Ayuntamiento le "quitan" una competencia -porque piensan que es de otra administración-...
Si al Ayuntamiento le "quitan" una competencia -porque piensan que es de otra administración-...
¿Quién se cree que esa otra administración (CCAA o Diputaciones) va a recibir más dinero para gestionar esa presunta competencia que le corresponde y no ejerce?...
Será Servicios Sociales, ese área infinita donde han llegado tantas problemáticas creadas por el sistema, la que más sufrirá la indolencia de estas medidas.
Drásticos recortes en
Será Servicios Sociales, ese área infinita donde han llegado tantas problemáticas creadas por el sistema, la que más sufrirá la indolencia de estas medidas.
Drásticos recortes en
la atención a las drogodependencias,
la violencia de género,
la inmigración,
la exclusión social de barriadas marginales,
la conflictividad y el fracaso escolar,
la prevención y promoción de hábitos saludables...
y tantas otras cuestiones que asumieron los ayuntamientos, casi sin recursos,
pero demandadas por la ciudadanía y que las Comunidades Autónomas no van a desarrollar
porque sus presupuestos están bajo mínimos....
Y en este proceso, mire usted por dónde, las administraciones "receptoras"
Y en este proceso, mire usted por dónde, las administraciones "receptoras"
de ese poder secuestrado a los Ayuntamientos s
erán fundamentalmente las Diputaciones...
7.717 ayuntamientos menores de 20.000 habitantes (el 95% del total)
estarán en el punto de mira para serles amputados competencias y recursos
y trasladados a las Diputaciones,
la gran mayoría de las cuales estarán deseosas de recibirlos para...
para privatizarlos
y cumplir así los llamados criterios de coste y eficiencia que oportunamente serán dictados.
Diputaciones ya denostadas por todos,
Diputaciones ya denostadas por todos,
propuestas mil veces su eliminación en un estado que tiene ya
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, además del Gobierno Central
(y en el que manda por cierto organismos europeos que nadie sabe quien ha elegido),
administraciones provinciales,
residuos de una concepción centralista decimonónica, creadas por desconfianza
y para controlar al poder local, que nadie sabe ni cómo funcionan ni quiénes están allí...
y que son cementerios de elefantes de cargos de confianza...
No lo podemos consentir.
Más información:
http://
http://www.publico.es/
No lo podemos consentir.
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